Han pasado más de dos meses desde que el gobierno presentó el plan «Celular Robado, Celular Bloqueado«, medida que busca frenar la delincuencia y el robo de celulares en el país. Si quieres saber más puedes entrar aquí.
Esta estrategia también está vinculada al nuevo Reglamento de Registro Nacional de Móviles, el cual debería entregar en vigencia antes de cerrar el año y que busca que cada persona registre un celular a su nombre, el cual solo funcionará únicamente con el chip registrado.
La idea de MININTER es que las personas se animen a reportar los robos que hayan sufrido para que esos equipos perdidos sean bloqueados automáticamente y no funcionen de ninguna forma en nuestro país, así como otros donde funciona la lista negra.
Al día de hoy se han enviado más de 100,000 SMS a celulares reportados como robados y miles de estos han sido devueltos en las 48 horas correspondientes.
El gobierno no quiere solo castigar a las delincuentes que roban dispositivos móviles, sino también a los que venden o comercializan celulares robados, así como los que modifican o alteran el sistema (desbloqueo de IMEI) para que funcionen en operadores.
Basombrío lidera la campaña «Celular robado, celular bloqueado»
Hasta fines de junio nos enteramos de diversos operativos en diversas partes del Perú para parar la venta o el mercado de segunda mano y, según datos de MININTER, los resultados han sido muy positivos.
Por supuesto no todo son buenas noticias y es que esto también puede jugar a favor de las operadoras, quienes tendrían el monopolio de la venta de dispositivos móviles, sin contar que sería una solución muy incómoda para algunas personas que suelen cambiar de equipos cada cierto tiempo.
A pesar de las críticas, la campaña tuvo una buena acogida y varias personas respaldaron la iniciativa del gobierno. Como siempre hay personas en contra, no solo usuarios comunes sino personas que comercializan equipos y se encargan de repararlos, ya sea vía software o hardware. Incluso muchos de ellos se burlaban de la política contra la delincuencia del gobierno, pero ahora es posible que estén pensando lo contrario.
A través de Perú 21 nos enteramos que siete integrantes de una familia han sido enviados al penal de Socabaya por ser parte de una organización criminal. ¿Cuál fue el delito? Comercialización de celulares robados.
Los siete integrantes eran parte de un clan familiar conformado por: Lucila Lino de Quispe, Tomas Silverio Quispe Lino, Rosario Quispe Lino, Salvador Solari Rivera, Karen Herrera Quispe, Juan Herrera Martínez y Marco Quispe Lino. Todos ellos se encuentran con prisión preventiva por 36 meses, mientras son investigados en la ciudad de Arequipa.
Los anteriormente mencionados fueron detenidos el pasado 14 de julio por el Departamento de Investigación de Alta Tecnología, quienes en un intervención ingresaron al centro comercial «La Muela», lugar donde se suelen vender dispositivos de dudosa procedencia.
36 meses no sería el único tiempo que estarían si es que son hallados culpables, pues según la Fiscalía podrían tener una condena de hasta 16 años de prisión efectiva si es que se comprueba que vendían celulares robados, aunque la cosa no termina aquí y es que también los «desbloqueaban», ahora mismo un acto ilegal penado desde el nuevo reglamento de dispositivos móviles.
Estamos seguros que no serán los únicos en caer.
Fuente: Perú 21
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